Resulta habitual que las Administraciones públicas no califiquen como un contrato público la gestión de los residuos textiles a través de medios externos, sino que otorguen licencias de ocupación de vía pública sin coma o empleen la figura del convenio o de las subvenciones.

Conscientes de esta cuestión y su importancia hemos elaborado un informe legal basado en los siguientes pilares jurídicos:

1. La legislación de residuos solo contempla como sistema de adjudicación de la gestión de residuos la contratación pública.
2. La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local señala que la recogida de residuos es un servicio de prestación obligatoria por las entidades locales.
3. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público resulta indiscutiblemente aplicable a la recogida de residuos textiles: ámbito objetivo de aplicación, así como objetos contractuales (CPVs).
4. La autorización para la instalación de contenedores no es una simple concesión demanial ajena a la legislación de contratos.
5. La gestión de residuos textiles no puede adjudicarse a través de convenios públicos sin sujeción a la legislación de contratos.